La obligación de ofrecer información sobre la situación de maltrato recae en la persona que tiene sospecha o conocimiento de la situación. Cualquier persona que tuviere conocimiento o sospecha de que un menor es víctima de maltrato, maltrato institucional, maltrato por negligencia y/o maltrato por negligencia institucional informará tal hecho a través de la Línea Directa para las Situaciones de Maltrato, Maltrato Institucional, Maltrato por Negligencia y Maltrato por Negligencia Institucional a la Policía de Puerto Rico en la forma que se dispone en esta Ley.  El(la) informante cuando llame a la Línea debe solicitar el nombre  del operador que toma la información del referido y el número del referido. Posteriormente, completará el formulario oficial para referidos del Departamento de la Familia, el cual será remitido al Central Estatal de Casos de Protección. Esta persona también deberá informar la situación a el(la) trabajador(a) social escolar de la Escuela correspondiente. Si la situación presenta una amenaza inmediata de daño o peligro al estudiante, el(la) trabajador(a) social escolar, maestro(a), consejero, director escolar asumirá custodia protectora de emergencia, según establece el Artículo 23 de la Ley 177, antes mencionada.

Cualquier funcionario escolar, del Departamento de Salud, de la Vivienda,  de la Administración de Servicios de Salud y contra la Adicción, de Institución Juvenil, del Departamento de Corrección o inclusive cualquier funcionario empleado o personal de la Policía que observe posea o reciba información sobre el posible maltrato de cualquier menor de edad, ya sea civil o confinado, procederá inmediatamente a referir la situación al Departamento de la Familia, Administración de Familias y Niños (ADFAN) mediante la Línea Directa para Situaciones de Maltrato, Maltrato Institucional, Negligencia y Negligencia Institucional o al 911, la Policía de Puerto Rico. La información así suministrada será mantenida en estricta confidencialidad, así como la identidad de la persona que suministró la información. El Departamento de la Familia investigará, requerirá, referirá y atenderá las situaciones de maltrato institucional y/o negligencia institucional a través de un conjunto de normas, procedimientos y reglamentos, que hacen posible se cumpla con las responsabilidades conferidas en la Ley Núm. 177. Cuando se alegue maltrato o negligencia institucional, se procederá a investigar diligentemente para que se fijen responsabilidades y se protejan los derechos de los menores.

En las situaciones en que se requiera atención médica, se llevará inmediatamente al menor a evaluación médica o tratamiento, aún sin el consentimiento del padre, madre o persona encargada del menor en aquellos casos que éstos se opusieren o no estuviesen disponibles en el momento.